En una reunión con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en el marco de un proceso de diálogo abierto con la Plataforma del Tercer Sector para abordar la situación de los consumidores eléctricos vulnerables, el CERMI ha llamado la atención sobre el escasísimo efecto en términos de población beneficiada del bono social eléctrico puesto en marcha en 2017, lo que indica que la regulación que en ese momento efectuó el Gobierno del Partido Popular fue de cortísimo alcance.

 

A juicio del CERMI, no se trata solo de falta de información por parte de los consumidores o de la complejidad o lo gravoso del procedimiento de solicitud y reconocimiento del beneficio, sino de que la regulación material vigente del bono social eléctrico se queda muy corta, adolece de poca ambición social, por lo que hay que trascenderla, reformándola y ampliando el universo de personas y familias beneficiarias.

 

En el caso de las personas con discapacidad, paradigma de consumidores eléctricos vulnerables, el CERMI reitera al Gobierno la demanda de que toda persona con discapacidad o familia en la que esta se integre acceda al beneficio con independencia de su capacidad económica, como sucede con las familias numerosas. La pobreza energética afecta estructuralmente a las personas con discapacidad y la respuesta es un consideración objetiva de su estado de necesidad en este ámbito.